Por Arturo Ortiz, CEO de Grupo CIPI, empresa de capacitación en seguridad integral
El secuestro en México muta en su forma y visibilidad, se mimetiza con el fenómeno de las desapariciones y hoy se configura como una crisis sistemática y generalizada.
Durante años, México figuró entre los países con mayor incidencia de secuestros, especialmente en zonas donde el crimen organizado consolidó estructuras paralelas de poder. Sin embargo, desde 2018 en adelante, el foco mediático y jurídico se desplazó hacia las desapariciones, fenómeno que crece de forma alarmante: en 2024 se registraron 13,106 casos y un año después el incremento fue del 12%, con más de 5,147 personas desaparecidas solo en los primeros cuatro meses del año.
Este desplazamiento no implica que el secuestro haya desaparecido, sino que se ha diluido en categorías más ambiguas, como la de “persona no localizada”, donde el delito se vuelve más difícil de tipificar, investigar y sancionar.
En muchos casos, el secuestro sin demanda de rescate, el levantón, la desaparición forzada o la retención por grupos armados se registran bajo el mismo paraguas estadístico, lo que borra las fronteras entre delitos y obstaculiza la justicia.
Algunos elementos clave de esta mimetización:
El secuestro tradicional (con rescate y negociación) es desplazado por formas más violentas y silenciosas, donde la desaparición es el fin en sí mismo o parte de una estrategia de control territorial.
Las desapariciones afectan principalmente a jóvenes entre 25 y 29 años, y el perfil de las víctimas se feminizaron: en 2025, las desapariciones de mujeres aumentaron en los 32 estados del país.
Cinco estados concentran casi la mitad de los casos: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.
La sistematicidad del fenómeno lleva a que se considere un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma.
Este fenómeno exige una revisión crítica del lenguaje institucional: ¿qué se nombra como “desaparición”? ¿Qué se omite al no decir “secuestro”? ¿Qué cuerpos se vuelven invisibles cuando el delito se desdibuja?
Mientras esto ocurre, aumenta la demanda de personal antisecuestros en el sector privado y gubernamental. Sin embargo, aun corporaciones de seguridad privada no cuentan con personal altamente capacitado en México.
El vacío en formación antisecuestro en México no solo es técnico, sino también simbólico: revela una fractura en la capacidad del Estado para proteger, narrar y ritualizar la seguridad como derecho. Recurrir a expertos israelíes es una estrategia puntual, pero no estructural.
Sin embargo, existen empresas mexicanas que generan cursos antisecuestros dirigido a escoltas, cuerpos de seguridad, policías, militares, personal de protección ejecutiva y civiles con interés profesional.
Se trata de un avance sustancial en un problema que crece cada día, aunque traten de invisibilizarlo.
Más información: www.grupocipi.net y 561 181 78 75